Paso histórico en Ciudad de México, reconoce derechos de indígenas

Ciudad de México. La Jornada | 9 agosto de 2017


La Ciudad de México dio un paso histórico al plasmar en su constitución los derechos de personas indígenas y obligar al Estado a darles acceso a servicios básicos, de educación y alimentación, entre otros; y avanza en abatir estigmas y prejuicios que atenten contra la dignidad de este sector.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) destacó que se cuenta con un soporte jurídico que reconoce su libertad de asociación política, cultural y religiosa.

Además de que ninguna autoridad decidirá sobre las formas internas de convivencia y organización de los pueblos y comunidades indígenas, garantizándoles su derecho a la autonomía y libre determinación, así como a la consulta previa, libre e informada, privilegiando la vocación pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la capital del país.

El Copred puntualizó que dicha constitución fue la primera en promover un marco normativo a favor del bienestar que reconozca y salvaguarde los derechos universales de las personas indígenas así como las cosmovisiones particulares que guardan y orientan a sus comunidades.

Dicho instrumento legal presenta la diversidad como derecho fundamental de las personas, comunidades y pueblos cuya riqueza radica en la pluralidad de valores, concepciones y planes de vida; garantiza el derecho a la igualdad y promueve el respeto mutuo para construir sociedades pacíficas.

El artículo 9, recordó, prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o busque negar, excluir o restringir los derechos de personas, grupos y comunidades, motivada por su origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, condición social, situación migratoria o cualquier otra.

También considera las manifestaciones de xenofobia, segregación racial, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, acciones legislativas que aunadas a las políticas sociales del gobierno, garantizan los derechos humanos de las personas indígenas que forman la base para promover el trato igualitario y para combatir los prejuicios y estigmas que atentan contra su dignidad, señaló.