Expresidente peruano comparecerá ante comisión parlamentaria

Lima. Agencia PL | 10 agosto de 2017


El expresidente peruano Alan García espera ser interrogado por una comisión parlamentaria investigadora, tras salir una vez más indemne de una pesquisa del Ministerio Público y por la impunidad de un caso de corrupción registrado bajo su gobierno.

El veterano político neoliberal, que atribuye decenios de acusaciones en su contra a intrigas políticas, intrigas o maledicencia, pidió en una carta declarar ante la comisión que investiga sobornos pagados por la empresa Odebrecht, con la que tuvo intensa relación en su último gobierno (2006-11).

Ayer insistió en el pedido, alentado tal vez por el archivamiento de una pesquisa del Ministerio Público, abierta por la denuncia de que García habría favorecido a la empresa española Endesa con la concesión de una planta termoeléctrica en el norte del país y cobrar después a esa empresa 60 mil dólares por dictar una conferencia.

También ayer, la Corte Suprema exculpó a los acusados por el caso 'Petroaudios', el mayor escándalo de corrupción de la última administración de García, entre ellos Rómulo León, exministro de su primer gobierno (1985-90) y Alberto Químper, exabogado de García.

El caso estalló en octubre de 2008, cuando una televisora difundió grabaciones obtenidas por escucha telefónica en las que León y Químper celebraban haber logrado que se entregue en concesión pozos petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum y hablaban de otros negocios con el Estado.

El tribunal desestimó lo cargos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y negociación incompatible, alegando que esas grabaciones, así como correos electrónicos interceptados por una empresa de privada de espionaje, carecen de valor judicial porque fueron ilegalmente obtenidas.

García solo fue llamado al juicio como testigo y negó estar involucrado, aunque León lo acusa de haber ordenado que sea encarcelado y enjuiciado como chivo expiatorio, y ayer volvió a asegurar que informaba al entonces presidente de todas sus acciones como gestor de negocios de empresas extranjeras.

Acostumbrado a que las acusaciones en su contra naufraguen en el Ministerio Público o el Poder Judicial, por prescripción o archivamiento de las causas, García tiene pendientes otras cuentas con la justicia.

El pasado martes compareció ante la fiscalía por una investigación relacionada con la cuestionada venta, bajo su último gobierno, de los predios de la escuela de aviación civil, para la construcción allí de un conjunto habitacional privado, lo que impulsó con vehemencia, aunque se proclama también inocente.

Paralelamente, es investigado por la fiscalía por el delito contra la administración pública, relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht bajo su administración por el contrato de dos tramos del Metro de Lima, obra que impulsó, aunque culpa de los sobornos a funcionarios de menor rango, tres de ellos presos.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público decidió esta semana ampliar por otros ocho meses una investigación preliminar, por presunto enriquecimiento ilícito, a García, su exesposa Pilar Nores y 30 exministros y otros exfuncionarios de su última administración, un caso derivado de una investigación parlamentaria.

La pesquisa fue desestimada por un fiscal el año pasado, pero la fiscalía superior de lavado de activos anuló esa decisión y reabrió la investigación, como fueron archivados otros casos producto de la misma indagación, como el indulto dado a cinco mil condenados por narcotráfico, entre ellos cientos de alta peligrosidad.

Pese a las pesadas cuentas pendientes con la justicia, muchos escépticos dudan de que García pueda ser sancionado y creen que puede repetirse desenlaces de impunidad, como llaman los críticos del experimentado político a su vieja costumbre de salir siempre airoso de sus problemas con la justicia.

Recuerdan que al final de su último gobierno, en 1990, García fue investigado y sometido a procesos por corrupción, interrumpidos porque salió del país, debido a que lo perseguían el gobierno de Alberto Fujimori, según afirma, y a su retorno, en 2001, se acogió a la prescripción de las causas.