Mandatario costarricense ordena sancionar servicio privado de transporte

San José. Agencia PL | 10 agosto de 2017


Una directriz presidencial ordena este jueves a cinco instituciones estatales vigilar, revisar y sancionar a quienes ofrezcan servicio privado remunerado de transporte, entre ellos Uber, considerados ilegales en Costa Rica.

La medida, publicada en La Gaceta, responde al compromiso del Gobierno costarricense con los taxistas regulares, quienes a mediados de julio pasado le solicitaron al presidente Luis Guillermo Solís entablar una demanda judicial contra la aplicación Uber, uno de los servicios privados de transporte que operan en esta nación centroamericana.

'Después de un detallado y minucioso análisis jurídico, el Gobierno de la República concluyó que no cuenta con la facultad legal para demandar a Uber; sin embargo, tomando en cuenta que debe hacer cumplir la ley, y considerando que esta aplicación presta un servicio de transporte ilegal, se tomarán una serie de medidas', afirmó el Ejecutivo.

No obstante, el Gobierno se comprometió a intensificar los operativos de tránsito acatando lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para perseguir y sancionar a quienes ofrezcan servicios ilegales de transporte público.

La directriz ordena al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cumplir con sus obligaciones de vigilar y sancionar de acuerdo a la Ley de Tránsito, a quien preste servicio de transporte remunerado de personas sin las autorizaciones correspondientes y en cualquier otra forma contraria a la ley.

Además, coordinar con la Aresep aquellos casos de prestación no autorizada del servicio público de transporte remunerado de personas para que pueda establecer los procedimientos administrativos que por ley le corresponden, de conformidad con su marco normativo aplicable.

A la Dirección General de Tributación le indica realizar las acciones que por ley correspondan para asegurar que cualquier otra empresa que utilice plataformas digitales para prestar un servicio ilegal de transporte remunerado de personas, se ajusten a las disposiciones tributarias aplicables al efecto.

La directriz le pide a la Caja Costarricense de Seguro Social investigar si cualquier empresa que utilice plataformas digitales para prestar un servicio ilegal de transporte remunerado de personas se encuentra al día en sus obligaciones con la seguridad social.

Asimismo, al Ministerio de Economía le corresponderá ejercer las acciones legales que correspondan en relación con promociones y ofertas sobre servicios ilegales de transporte remunerado de personas que promuevan diferentes empresas dentro del territorio.

En otra directriz, el Gobierno tico prohíbe publicitar mensajes de empresas que presten servicio ilegal de transporte remunerado de personas.